Decretos. Agilizan los trámites para proyectos de inversión pública y privada con plazos cortos. Pero especialistas advierten que facilitarán la destrucción de restos históricos.
María Chauca Castillo.
Arequipa
El gobierno aprobó dos decretos supremos que agilizan la ejecución de proyectos de inversión pública y privada. Eso significa reducir los plazos para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El primero confirma que no se depredará el patrimonio histórico. En cambio, el EIA es un instrumento para mitigar los posibles impactos que genere, por ejemplo la operación de una mina.
Como en toda discusión existen dos posiciones bien marcadas sobre estas normas. Por un lado, inversionistas que consideran necesario destrabar las exigencias. Y por el otro, la preocupación de arqueólogos e historiadores que advierten una puerta abierta para depredar el patrimonio sin ninguna contemplación.
Los Decretos Supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM precisan, en resumen, la reducción de plazos por parte de las Direcciones Regionales de Cultura para emitir permisos. En ese sentido, los trámites que demoraban hasta seis meses podrán hacerse en 20 días.
El cira
Se trata de un documento que certifica que el área donde se ejecutará un proyecto no tiene vestigios arqueológicos.
Antes, la entrega del CIRA demoraba varios meses, ya que la mayoría de proyectos abarca más de mil hectáreas de terreno que tienen que revisarse minuciosamente.
Ahora, con el D.S. 054-2013-PCM, el trámite se acorta y el CIRA se obtiene en un plazo no mayor a 20 días.
Además contempla la figura del silencio administrativo positivo, es decir si Cultura no responde en esos 20 días, automáticamente se da por consentido el trámite a favor del interesado.
Este punto reduciría el embalse de proyectos que aún no se aprueban por la carga administrativa.
Pero el arqueólogo Pablo de la Vera critica la iniciativa, indicando que el tiempo dispuesto es muy corto para que el grupo de especialistas que tiene la Dirección de Cultura pueda emitir un informe detallado sobre la situación de los terrenos a estudiar. "Esta normativa se ajusta a las necesidades de empresas mineras que necesitan la aprobación rápida y sin cuestionamientos del EIA", refiere.
El CIRA es indispensable si se quiere la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la ejecución de obras.
No obstante, el gerente regional de Energía y Minas, Alberto Butrón, indica que el cambio es positivo. De esta manera, explicó, se permite que grandes proyectos de inversión no retrocedan por la demora de los trámites.
"Debemos conservar el patrimonio siempre y cuando sea genuino, no podemos parar un gran proyecto por un par de vasijas o una pared caída que se haya encontrado", acotó.
Por su parte, el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo asegura que esta normatividad permitirá que los estudios para el CIRA y temas ambientales, como la flexibilización en cuanto a licencias de uso de agua, se aprueben sin ningún rigor debido al reducido tiempo para hacer los informes. "El silencio administrativo positivo es un pretexto, al final todo se aprobará", afirma.
Otro de los puntos en cuestión está en el D.S. 060-2013-PCM. Allí, amparándose en la Ley de Proyecto Administrativo General, precisa que tanto autoridades administrativas como funcionarios o servidores públicos están prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones en los EIA, una vez aprobados. De hacerlo se lo considerará una falta administrativa. Es decir que si existe un EIA cuestionable ya aprobado, no habría ninguna autoridad que pueda hacer observaciones. ♣
Enfoque
Queremos trabajar y avanzar
El tema del CIRA siempre ha sido controversial. Nosotros queremos trabajar, avanzar y aportar a la economía del país, pero a veces hay trámites que, si bien son necesarios y los respetamos, son muy largos y no permiten que podamos ejecutar los proyectos de la manera que quisiéramos.
Sabemos que los restos arqueológicos son patrimonio cultural y si se encuentran en el proceso de un CIRA no nos oponemos a las observaciones. Un trámite de ese certificado puede demorar entre 3 y 4 meses, dependiendo de la opinión del arqueólogo que lo ejecuta. Y cuando hay indicios de restos, se debe hacer un "rescate arqueológico", el cual implica otro estudio, permisos del Ministerio de Cultura y puede demorar de 6 meses a más. Esos "rescates" pueden encontrar restos o no. Como minera responsable estamos de acuerdo con esa normativa, porque sabemos que la preservación del patrimonio también es importante.
